Política de EE. UU. Envía a Solicitantes de Asilo a un Limbo en Países Desconocidos

Miles de migrantes que buscaban refugio y asilo en Estados Unidos se encuentran ahora en un desconcertante limbo, enfrentando órdenes de deportación a ‘terceros países’ con los que no tienen ninguna conexión. Esta situación ha generado una profunda incertidumbre y temor en comunidades inmigrantes, que ven cómo sus esperanzas de una nueva vida se desvanecen ante una política migratoria cambiante. Entre los afectados se encuentran historias conmovedoras, como la de un hombre afgano que, tras huir del Talibán y establecerse en Nueva York, fue notificado de su deportación a Uganda. Por otra parte, una mujer cubana, que trabajaba en Texas, se encontró con una orden para ser enviada a Ecuador después de un accidente de tránsito menor. Casos similares se repiten con un hombre mauritano con destino a Uganda, una madre venezolana en Ohio hacia Ecuador, y ciudadanos bolivianos y ecuatorianos a quienes se les ha asignado Honduras como destino. Según la organización Mobile Pathways, que aboga por la transparencia migratoria, más de 13,000 migrantes que residían legalmente en Estados Unidos, a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, han recibido estas órdenes de expulsión. Todos ellos han perdido el permiso de trabajo legal, un derecho que poseían mientras tramitaban sus casos, agravando su vulnerabilidad y el miedo que se extiende en sus comunidades. Abogados y activistas, como Cassandra Charles del National Immigration Law Center, sugieren que la finalidad de esta política es ‘infundir miedo en la gente’, con la intención de que los afectados abandonen sus expedientes migratorios y decidan regresar a sus países de origen. La aceleración de estas órdenes, conocidas como ‘pretermissions’, se intensificó en octubre tras una resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración, que permitió expulsar a migrantes a cualquier tercer país donde el Departamento de Estado de EE. UU. determine que no enfrentarán persecución ni tortura. A mediados de marzo, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicaron a sus abogados de campo que suspendieran la presentación de nuevas mociones de deportación a terceros países vinculadas a casos de asilo. No obstante, esta suspensión no afecta a los miles de casos ya emitidos, lo que mantiene a muchos solicitantes de asilo atrapados, sin saber si serán deportados a naciones que nunca han visto, y sin la posibilidad de defender sus solicitudes ante un tribunal. La implementación de estas deportaciones ha demostrado ser mucho más compleja de lo que el gobierno preveía, enfrentando desafíos legales, límites en acuerdos internacionales y la escasez de vuelos. Por ejemplo, aunque se han ordenado miles de deportaciones a Honduras, un acuerdo diplomático solo permite recibir a diez personas de este tipo por mes. Asimismo, un alto funcionario ugandés declaró que, a pesar de las órdenes, su país no ha recibido a ninguno de los cientos de solicitantes de asilo designados. La situación se ilustra dramáticamente con el caso de una mujer guatemalteca que, huyendo de la violencia de pandillas y tras sufrir agresiones, llegó con su hija de cuatro años a la frontera estadounidense buscando asilo. En un tribunal migratorio de San Francisco, se le informó que sería deportada a uno de tres países: Ecuador, Honduras o Uganda, naciones de las que nunca había oído hablar. ‘Cuando pienso en tener que ir a esos otros países, entro en pánico porque escucho que son violentos y peligrosos’, expresó, bajo condición de anonimato, reflejando el terror que muchos sienten. Aunque la suspensión de nuevas órdenes sugiere un posible cambio, la incertidumbre persiste para los miles de casos ya activos. Expertos como Sarah Mehta de la ACLU creen que, a medida que el gobierno contrate más personal y consiga más acuerdos, la capacidad de deportar a más personas a más países podría aumentar, intensificando la crisis para quienes buscan refugio en Estados Unidos.

Con información de: Diario LaCalle